Mensaje del
  Presidente de la Comisión

Estimados amigos:

Cuando fui nombrado por el Presidente de la Asamblea, Sheldon Silver, para presidir la Comisión de Análisis de Reglas Administrativas (ARRC) me di cuenta que muchos residentes del estado de Nueva York no saben cuán importante es el rol que desempeñan las reglas de las agencias estatales en su vida diaria . Necesitamos reglas efectivas que garanticen la seguridad de los alimentos que consumimos, los edificios donde vivimos y trabajamos, y los centros de salud que visitamos. La labor más importante de la ARRC es garantizar que cualquier decisión tomada en cuanto a reglamentaciones, beneficie principalmente al público. Para lograr nuestro propósito, procuramos presentar leyes que abran el proceso reglamentario al público y supervisamos las reglas propuestas y adoptadas por las agencias.

Agradecemos cualquier sugerencia sobre la realización de nuestra tarea o sobre la función reglamentaria de las diversas agencias estatales. Favor de comunicarse con la ARRC si desea información adicional sobre cualquiera de los temas mencionados en este noticiario o sobre cualquier otro asunto reglamentario de interés para ustedes.

Sesión
  Logros: Legislación

Reforma Reglamentaria
La Comisión de Análisis de Reglas Administrativas (AARC) está legalmente a cargo de supervisar las reglas aprobadas por las agencias del estado de Nueva York, y de desarrollar y promover proyectos de ley que reformen el proceso que dichas agencias utilizan para crear reglamentos. Estas reglas tienen la misma fuerza y efecto que las leyes generales, y casi siempre impactan de manera significativa la vida de los residentes de Nueva York.

En el año 2003, el asambleísta Díaz presentó tres proyectos de ley para darle al público mayor oportunidad para participar en el proceso reglamentario y para obligar a las agencias a ser más sensibles a la voluntad del pueblo. Los tres proyectos proponen enmiendas a la Ley de Procedimientos Administrativos Estatales, estatuto que estipula la manera en que las agencias deben proponer y adoptar reglas; y fueron presentados ante el Senado por el Senador John J. Flanagan, presidente de la ARRC en el Senado.

A.6902 aumenta el tiempo que el público tiene para comentar sobre las reglas más extensas y complejas propuestas por las agencias estatales. La ARRC ha determinado que el período de tiempo regular de 45 días no es suficiente ya que estas reglas son tan extensas que sólo pueden publicar un resumen. El Registro Estatal, la fuente oficial de información reglamentaria, usualmente publica sólo un resumen de cualquier regla, si la misma contiene más de 2000 palabras. Una vez la persona recibe este Registro por correo, le pide a la agencia que le envíe por correo una copia de todo el reglamento, y puede que sólo le queden de 2 a 3 semanas para analizar y enviar cualquier comentario.

A.6902 aumenta a 60 días el período de tiempo para comentar sobre este tipo de regla. Díaz también agregó una cláusula que le da a las agencias la opción de continuar utilizando el período de comentarios de 45 días, si publican la regla en su totalidad en su página de Internet; dándole así acceso inmediato al público. De una manera u otra, el público se beneficia al poder participar en el proceso para crear nuevas reglas. El proyecto de ley A.6902 fue aprobado por ambas cámaras y convertido en ley como el Capítulo 429 de las Leyes del 2003.

A.8477 también propone que el público tenga más tiempo para hacer comentarios sobre la revisión de reglas de cada agencia. Hace varios años, la Legislatura le ordenó a las agencias hacer un análisis de todas sus reglas cada cinco años. Este proceso le permite al público la oportunidad de informarle a las agencias si las reglas aún son eficaces o si debido a cambios tecnológicos, económicos o por cualquier otro factor, dichas reglas están absoletas. Esta ley obliga a las agencias a pedir que el público envíe sus comentarios, pero no especifica cuánto tiempo se le debe dar para que envíen sus comentarios. Muchas de las agencias han establecido un período de 45 días o más, pero otras han establecido períodos más cortos, mientras que otras simplemente optan por no decirle al público cuánto tiempo tiene para enviar sus comentarios.

A.8477 requiere que las agencias indiquen el último día en que aceptarán comentarios sobre la revisión de reglas de cada cinco años, el cual debe ser no menos de 45 días después de publicar la notificación. Esto asegura que la agencia tome en cuenta la opinión del público para no tomar decisiones de mantener o cambiar una regla en vano. El proyecto de ley A.8477 fue aprobado por ambas cámaras y convertido en ley como el Capítulo 327 de las Leyes del 2003.

A.8478 trata sobre las “guías informativas” publicadas por las agencias estatales. Las agencias usan estos documentos para comunicar los pormenores sobre cómo cumplir con el reglamento. Aunque tengan diferentes nombres –directivas, memorándums, boletines, circulares– todos tienen dos cosas en común: no son aprobados durante un proceso público y pueden tener un efecto profundo en cualquier persona afectada por los reglamentos de las agencias. Si el proyecto de ley A.8478 es aprobado, las agencias se verán obligadas a informarle al público sobre cada nueva “guía informativa” en el Registro Estatal. El asambleísta Díaz y el senador Flanagan están considerando enmendar este proyecto basado en una ley de Virginia que requiere notificaciones anuales de todas las “guías informativas” utilizadas por las agencias.

Justicia Ambiental
Lo primero que el asambleísta Díaz hizo al ser nombrado presidente de la ARRC fue pedirle al personal de la Comisión que analizara la situación de los proyectos de justicia ambiental en el estado de Nueva York. Por lo general, las instalaciones contaminadas están localizadas en comunidades donde viven las minorías o en barrios con familias de escasos recursos económicos. Esta práctica es muy perjudicial: las decisiones en cuanto a la localización de instalaciones y otros asuntos ambientales deben estar basadas en principios científicos válidos e imparciales y no en las características demográficas de cada región en particular.

Los esfuerzos del estado de Nueva York para hacer que su política ambiental sea más justa apenas están en sus comienzos. En marzo de este año, el Departamento de Conservación Ambiental (DEC) aprobó una política titulada “Justicia Ambiental y Permisos”. Sin embargo, mucho de los residentes de las comunidades minoritarias se han quejado de que esta política no es suficientemente firme y hace demasiadas excepciones. Al asambleísta Díaz también le preocupa que otras agencias estatales y autoridades públicas que contribuyen a la contaminación metropolitana, como la Oficina de Administración de Electricidad de Nueva York y la Oficina de Administración del Transporte Metropolitano, no hayan tomado medidas similares. Estos factores hicieron que el asambleísta Díaz presentara nuevos proyectos de ley que afectan significativamente la justicia ambiental.

A.7862-A es un proyecto de ley de la oficina del Fiscal General del estado, Eliot Spitzer, que propone utilizar el poder de la tecnología computarizada moderna para identificar los vecindarios en la ciudad de Nueva York y otras comunidades del interior del estado que tienen altos niveles de contaminación ambiental. El DEC deberá analizar los diferentes niveles de contaminación y mantener una lista de 5% de las zonas postales y extensiones del censo más contaminadas. Esta información podrá ser utilizada para decidir dónde abrir nuevas plantas de manera que los residentes que ya están expuestos a más contaminación de la que deberían, no sufran más. El proyecto de ley A.7862-A fue aprobado por la Asamblea y enviado al Senado.

A.8805 fue presentado por el asambleísta Díaz para realizar algunas de las recomendaciones hechas por el Grupo Asesor de Justicia Ambiental Estatal. De ser aprobado, este proyecto de ley obligará a cualquier agencia o autoridad envuelta en tomar decisiones en cuanto al ambiente a adoptar una política de justicia ambiental y a nombrar un coordinador por cada agencia que se encargue de que dicha política sea puesta en práctica. Este proyecto también restablece el grupo consultor y lo hace parte permanente del gobierno estatal, incluyendo representación de las minorías y residentes de comunidades con escasos recursos económicos. El proyecto A.8805 fue sometido al Comité de Conservación Ambiental de la Asamblea.

El asambleísta Díaz ha señalado públicamente que la justicia ambiental merece que la rama ejecutiva le preste más atención. Díaz espera que en los próximos meses se haga un análisis de las medidas que las agencias y autoridades estatales están tomando para fomentar la causa de la justicia ambiental.

Cubierta del Medicaid para Medicinas Sin Receta
Muchos norteamericanos tratan de lidiar con el alto costo de sus medicinas, y el estado de Nueva York no es la excepción. La Asamblea se enteró al principio de la sesión que el Departamento de Salud planeaba establecer una nueva política para obligar a las personas a establecer aprobación antes de comprar medicinas antihistamínicas como Clarinex, Allegra y Zyrtec para luego solicitar un reembolso a través del “Medicaid”. Al asambleísta Díaz le preocupó que esta política parece darle más importancia al costo de las medicinas que a las necesidades médicas de las familias que dependen del “Medicaid”.

Al mismo tiempo que el Departamento de Salud anunció que pondría las medicinas antihistamínicas en la lista de medicinas que requieren aprobación previa, también anunció que las nuevas medicinas disponibles sin receta médica, como Claritin y Alavert, serán cubiertas por el “Medicaid”. Es irónico que aunque es muy fácil agregar medicinas a la lista de autorización previa, la agencia tenga que enmendar formalmente sus reglamentos para poder añadir medicinas disponibles sin receta médica. Este proceso puede tardar de tres meses a un año, durante el cual los pacientes no tienen acceso a medicinas con o sin receta.

Para remediar este problema, el asambleísta Díaz presentó un proyecto de ley que propone acelerar el proceso utilizado para añadir medicinas sin receta a la lista de aprobación previa. El proyecto de ley A.8859 le otorga al Departamento de Salud el poder para añadir directamente a la lista, sin necesidad de seguir el proceso de creación de nuevas reglas. Para cualquier otro cambio o para eliminar medicinas de la lista, siempre será necesario seguir el proceso normal para asegurar que tanto los pacientes como sus doctores tengan la oportunidad para hacer comentarios, si creen que una medicina debe permanecer en la lista. Acontecimientos recientes indican que el Departamento de Salud está interesado en participar junto al asambleísta Díaz en procurar cambios que aceleren la autorización de nuevas medicinas disponibles sin receta. El proyecto de ley A.8859 fue remitido al Comité de Salud de la Asamblea. El proyecto de ley A.8859 fue remitido al Comité de Salud de la Asamblea.

Sesión 2003
  Logros: Reglamentaciones

Además de desarrollar proyectos de ley para mejorar el proceso reglamentario, la Comisión de Análisis de Reglas Administrativas también revisa y comenta sobre las reglamentaciones de las agencias estatales. En el año 2003, el Presidente de la ARRC identificó varias preocupaciones con las reglamentaciones propuestas por las agencias.

Cupones para Alimentos/Beneficios
El año pasado, la Oficina de Asistencia Temporera y al Incapacitado (OTDA) propuso cambiar las reglas que autorizan a los solicitantes de cupones para alimentos y asistencia pública a usar representantes. La OTDA propuso limitar el uso de representantes autorizados sólo en casos donde el solicitante pueda establecer una buena causa, limitar la clase de personas que pueden actuar como representantes y el número de familias que éste podría ayudar. Esto le preocupó mucho al asambleísta Díaz porque la propuesta no estaba de acuerdo con las reglas federales; y porque la agencia estaba desperdiciando la oportunidad para mejorar el acceso al beneficio de cupones para alimentos. Otros asambleístas como Deborah J. Click, presidenta del Comité de Servicios Sociales y Félix Ortiz, presidente de la Comisión sobre Políticas de Alimentos, Fincas y Nutrición, estuvieron de acuerdo con las observaciones del asambleísta Díaz.

Según los Asambleístas, el gobierno federal anunció recientemente que tomaría la iniciativa para incrementar el uso de cupones para alimentos, y señaló que una de las barreras que impide que los ancianos e incapacitados participen en este programa es que desconocen que pueden autorizar a otra persona para que solicite por ellos. De hecho, las reglas federales recomiendan que las familias que reciben beneficios nombren a un representante por si en el futuro, debido a enfermedad o cualquier otra emergencia, no pudieran presentarse personalmente. Los Asambleístas también señalaron que existían errores en ciertas partes de esta regla en cuanto al uso del personal de organizaciones sin fines de lucro, como centros de rehabilitación de drogas o casas de grupo, cuyos empleados sirven como representantes autorizados de sus clientes.

El comisionado de la OTDA, Brian Wing, respondió a la carta y estuvo de acuerdo con los Asambleístas de que la OTDA necesitaba corregir los errores sobre los centros de rehabilitación de drogas y casas de grupo. Por otro lado, cree que las reglas de la OTDA son adecuadas y que los distritos locales de servicio social han sido preparados lo suficiente para entender el rol que desempeñan los representantes autorizados en el programa de cupones para alimentos. Al asambleísta Díaz aún le preocupa que este importante programa de nutrición no está siendo utilizado a capacidad – se estima que sólo la mitad de los 1.6 millones de residentes de la ciudad de Nueva York elegibles, participan en este programa –y continuará al pendiente por si las reglas de la OTDA necesitan ser cambiadas para que haya mayor participación.

En marzo, la OTDA propuso cambiar las reglas que afectan a las tarjetas EBT de transferencia electrónica, utilizadas por muchas personas para obtener ayuda provisional o cupones para alimentos. La OTDA propuso imponer una cuota de $3.00 si el usuario pierde, destruye o le roban su tarjeta EBT; permitiendo sólo un reemplazo gratis. Por todas las demás, la OTDA cobraría la cuota sin excepción.

El asambleísta Díaz expresó varias preocupaciones sobre los aspectos de esta política en una carta, también firmada por el asambleísta Ortiz. Primeramente, la cuota propuesta no toma en cuenta que la OTDA tiene por política mandar a los que necesitan alojamiento del gobierno a vivir en barrios con alto nivel de crimen o a refugios donde sus pertenencias no están seguras. Es un insulto culpar a los participantes y decir que ellos son los irresponsables. Los Asambleístas también instaron a la OTDA a obedecer las reglas federales y hacer una excepción para que los participantes que estén atravesando una dificultad económica no tengan que pagar la cuota.

La propuesta también permite que los distritos locales cobren una cuota diferente o de una manera distinta a la establecida en las reglas de la OTDA. Los asambleístas Díaz y Ortiz recalcaron que algunos distritos se podrían aprovechar de este poder, aparentemente sin límite, para producir ganancia a través de este programa. También expresaron que las reglas federales sobre cupones para alimentos sólo permiten una cuota equivalente al costo del reemplazo de la tarjeta, fijada por la OTDA en $3.00. Finalmente, los Asambleístas pusieron en duda que esta práctica pueda ahorrarles dinero a los contribuyentes, ya que otros estados como California han preferido no cobrar cuotas de esta clase porque su propio análisis indica que el costo de cobrar las cuotas es demasiado alto y, más bien, sería una carga en el presupuesto. Todavía no se ha tomado acción sobre esta propuesta.

Becas Conmemorativas del World Trade Center
La Corporación de Servicios de Educación Universitaria (HESC) publicó en diciembre del 2002 reglas de emergencia para definir el programa de becas conmemorativas del WTC. La HESC adoptó requisitos desmesuradamente estrictos que limitan de una manera injusta la participación en el programa de muchas de las víctimas que sufrieron incapacidades severas durante los ataques del 11 de septiembre. El asambleísta Díaz, el presidente de la Asamblea Sheldon Silver, y el presidente del Comité de Educación Superior Ron Canestrari, han expresado firme oposición a estas reglas.

La Legislatura creó este programa como un tributo al heroísmo de los bomberos, policías, funcionarios de paz, personal de emergencias médicas y todas las demás personas que fallecieron o sufrieron incapacidades severas como resultado de los ataques del 11 de septiembre del 2001 contra el WTC, el Pentágono y el vuelo 93 de United Airlines, o durante las operaciones de salvación y rescate. Este programa provee becas que cubren el costo total de asistir a una Universidad SUNY o CUNY del estado de Nueva York, o un monto equivalente a la matrícula de cualquier otra universidad. Las becas conmemorativas del WTC son para aquellas personas, y sus familias, que sufrieron incapacidades “severas y permanentes”, y para las familias de los que perecieron durante los ataques.

La definición adoptada por la HESC para “impedimento severo y permanente” en las reglas de emergencia es mucho más estricta que cualquier otra definición usada para otros programas del gobierno. Según esta definición, para poder ser elegible para recibir una beca, las personas deben estar completamente incapacitadas para ganar dinero trabajando. Los Asambleístas señalaron que esta definición está basada en otra similar utilizada por el programa Federal de Préstamos Estudiantiles para Familias, y la HESC no la está aplicando correctamente, ya que el programa federal utiliza este estándar para determinar si una persona está lo suficientemente incapacitada para perdonarle su deuda de préstamos estudiantiles. Ellos también dudan que cualquier sobreviviente que no pueda trabajar para ganar cualquier cantidad de dinero pueda asistir y beneficiarse de una carrera universitaria y, por lo tanto, le piden a la HESC que elimine esta definición de sus reglas. A finales del 2003, la HESC volvió a someter las reglamentaciones en cuestión.

Reglamentaciones para Cable Televisión
En febrero, la Comisión de Servicio Público (PSC) propuso cambios drásticos a la manera en que regula los servicios de cable televisión del estado de Nueva York. Aunque algunos de estos cambios eran necesarios para ajustarse a las enmiendas en las leyes federales y estatales, la PSC hizo otros cambios simplemente para “eliminar requisitos reglamentarios para las compañías”. El asambleísta Díaz, otras oficinas de la Asamblea y organizaciones de protección al consumidor determinaron que muchos de estos cambios también eliminarían o debilitarían significativamente la protección al consumidor. Además, algunos de estos cambios también violan las leyes sobre el servicio de cable que la PSC está supuesta a hacer cumplir.

El asambleísta Díaz envió sus comentarios sobre estas reglas en una carta enviada a la PSC. Otros Asambleístas que estuvieron de acuerdo con Díaz también firmaron la carta -el asambleísta Jeff Klein, cuyo Comité de Supervisión publicó recientemente un informe sobre el aumento constante en el costo de los servicios de cable en Nueva York, y el asambleísta Richard L. Brosdky, presidente del Comité de Corporaciones, Administración y Comisiones de la Asamblea. Algunos de los puntos más importantes señalados por los Asambleístas en su carta a la PSC incluyen:

• La propuesta de la PSC reduciría la cantidad de crédito que recibirían los clientes de las compañías de cable al interrumpirse el servicio, y limitaría el número de usuarios que podrían recibir estos créditos. Debido a un error en la manera en que la PSC redactó estas reglas, aunque el cable no funcione durante todo el mes, los usuarios sólo recibirán crédito por un día. También señalaron que el estado de Nueva Jersey procura, por el contrario, proveer más protecciones al consumidor por interrupción en el servicio de cable y requiere que se le dé crédito al usuario por cualquier interrupción de 3 horas o más.
• La PSC quería acortar de un año a seis meses el período de notificación a los clientes sobre cambios en tarifas y programación. La ley de servicios públicos provee explícitamente que se les dé esta notificación a los usuarios cada seis meses, y la PSC no tiene poder para cambiar este requisito. Díaz y sus colegas en la Asamblea le recomendaron a la PSC que sería mejor aumentar sus esfuerzos para informarle a los consumidores sobre sus derechos y tarifas, ya que muchas compañías no proveen la información correcta. Según los Asambleístas, por lo menos una compañía publicó en su página electrónica que ya había implantado estos cambios tan desfavorables para el consumidor, a pesar de que son sólo una propuesta de la PSC.
• Los Asambleístas también criticaron ciertas partes de la propuesta que procuran reducir la responsabilidad de informar al público sobre el nivel de la calidad de servicio que ofrecen las compañías (p. ej., la falta a citas para hacer reparaciones o líneas telefónicas constantemente ocupadas). Por esta razón, le recomendaron a la PSC ajustarse a las reglas federales y establecer un máximo de 4 horas de espera para hacer reparaciones.

Los comentarios de la Asamblea incluyeron otras preocupaciones sobre el impacto que los cambios propuestos por la PSC pudieran tener en los derechos de los consumidores, organizaciones y municipalidades que dan acceso público a su programación. Debido a las numerosas disposiciones contra el consumidor, los Asambleístas le piden a la PSC que retire las reglas propuestas y reinicie el proceso de manera abierta y amplia que procure modernizar las reglas que gobiernan el servicio de cable.